La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Paula Añó, comuinicó el cese del gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana (CMCV), José Luis Pérez Pont, adoptado por el Consell General este martes “ante las irregularidades y mala praxis cometidas en su gestión”.
El Consejo General acordó extinguir el contrato y cese del gerente «por transgresión de la buena fe contractual», causa recogida en el artículo 54.2. d del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 12 del Real decreto 1382/1985, de 1 de agosto, con efectos al día siguiente, el 22 de noviembre 2023.
Paula Añó explicó que “estamos ante un cese disciplinario decidido después de asumir nuestra labor de gobierno, comprobar la existencia de irregularidades y conocer en profundidad el funcionamiento y la situación de los organismos públicos adscritos a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte”.
Durante ese proceso, «se ha comprobado que uno de los gerentes del sector público, en este caso Pérez Pont, acumulaba varios informes de intervención y auditoría desfavorables que se han sucedido de forma constante y reiterada», aseguró la secretaria autonómica.
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En concreto, Añó se refirió a los informes de la Sindicatura de Cuentas, la Intervención de la Generalitat y las firmas auditoras de apoyo. De igual modo, detalló que se han detectado incumplimientos en la contratación de bienes y servicios, condena por daño al patrimonio (claustro ‘graffiteado’) y conflicto con la plantilla por la aprobación del Consell General, en diciembre de 2017, de una RPT para sacar a concurso las plazas de los trabajadores del CMCV.
«Se han detectado graves irregularidades y malas prácticas en el ejercicio de sus funciones por el gerente, por lo que, desde el punto de vista de la responsabilidad de gobierno, no se le puede mantener en el cargo bajo ningún concepto. Somos un gobierno que ha venido a hacer una gestión rigurosa y eficaz», añadió.
Todos estos aspectos, que se comprueban «fehacientemente en los informes adjuntos que se encuentran en poder de los miembros del Consejo General», constituyen «un grave incumplimiento de sus obligaciones especificadas», contenidas en el artículo 13.2 de los estatutos del Consorcio, y revelan «arbitrariedad en la toma de decisiones, ya que, de forma continuada, se incumple la normativa aplicable».
También justificó la pérdida de confianza del Consell General en el gerente cuando ha conocido un informe del Instituto Valenciano de Restauración y Conservación (IVCR+i) que pone de manifiesto «el mal estado» de las obras de arte adquiridas en virtud del Plan de incentivo de arte contemporáneo, depositadas en un almacén de Ribarroja “sin condiciones de conservación, incumpliendo la normativa de preservación y mantenimiento de las mismas, según dispone la normativa del ICOM, por lo que se encuentran en franco y progresivo deterioro”.
