El procesamiento de cuatro exjefes de ETA por el atentado mortal contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en agosto de 2002, se encuentra a expensas de que las autoridades francesas decidan si conceden su entrega por estos hechos, decisión que recientemente han pospuesto para el próximo mes de septiembre.
En respuesta a este aplazamiento, el juez Manuel García Castellón ha emitido un auto en el que recuerda a las autoridades francesas que la continuación de este procedimiento depende de esa decisión y que por tanto valoren «la procedencia de agilizar las gestiones».
La Justicia francesa aplazó el pasado 3 de julio la deliberación correspondiente a la entrega de Juan Antonio Olarra Guridi, Jon, y de Soledad Iparraguirre, Anboto, y la fijó para el 18 de septiembre, mientras que la de Ainhoa Múgica Goñi, Olatz, Y Félix Ignacio Esparza Luri, está prevista para el 11 de septiembre.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional expone que existen «indicios fundados de criminalidad en las actividades llevadas a cabo por los investigados», entre los que también figuran Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza, y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi.
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«En tanto que miembros del máximo órgano director y coordinador de la banda terrorista ETA», el juez les considera responsables de proporcionar «los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados, ejerciendo un control total sobre los actos de sus militantes».
En este momento procesal, señala, «se consideran practicadas todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos», con lo que la continuación del procedimiento «queda exclusivamente a expensas de la decisión de las autoridades francesas».
Una decisión, recuerda, que «se continúa esperando desde la emisión de la primera Orden Europea de Detención y Entrega, librada en fecha 27/04/2023, a las que siguieron las de fechas 17/5/2023 y 29/5/2023, (ampliadas el 3/10/2023 en relación con Juan Antonio Olarra).
Antes esta circunstancia, el magistrado ha decidido «emitir el oportuno recordatorio a las Autoridades Francesas a través de los cauces habilitados para ello, a fin de que valoren la procedencia de agilizar las gestiones llamadas a resolver sobre la entrega de los investigados», lo que dejaría, añade, «expedita la finalización del presente procedimiento en su fase actual».
La Fiscalía francesa se ha pronunciado en favor de dar luz verde a esas euroórdenes, mientras que los reclamados las rechazan.
Los seis exdirigentes etarras están investigados por los delitos de asesinatos terroristas, tentativas de asesinato y estragos terroristas por haber supuestamente propiciado este atentado, en el que murieron la hija de 6 años de un agente de la Guardia Civil y un hombre que se encontraba en las proximidades de la casa cuartel.
Como autores de la masacre ya fueron condenados en 2012 los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi.
