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La entidad detalla que en el pleno de este jueves el gobierno formado por PSOE, CIUDADANOS y AISAB han votado en contra de entregar a la oposición el expediente, a pesar de la Resolución del Consell de Transparència que así lo ordena.
La coalición municipal Guanyem ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, «una vez más, dificulta a la oposición el acceso a la documentación que considera contraria a sus intereses».
Concretamente, se refieren al expediente que permitió un anticipo de nómina tanto al alcalde, Enrique Santafosta (AISAB), como a la teniente de alcalde, Marta Retamosa (PSOE), del que se conoce que «hay informes contrarios de intervención que fueron obviados y su reparo inatendido».
Asimismo, la coalición afirma que el Síndic de Greuges «ha dirigido diferentes escritos al ayuntamiento». Mientras que el consistorio dirigido por Enrique Santafosta «no ha respondido a los requerimientos a pesar de estar obligado por la legislación», por lo que ahora es el Consell de Transparencia de la Generalitat «el que estima la reclamación de Guanyem y le insta a que facilite el expediente», explican.
Asimismo, en la moción que ha presentado el grupo Guanyem en relación a las reclamaciones del expediente de su concejal Braulio Aguilar ante el propio ayuntamiento el 2 y 13 de noviembre de 2020 pedían “cumplir sin renuencia la resolución del Consell de Transparencia facilitando el expediente completo 1087/2020 a la mayor brevedad posible”.
Sin embargo, la coalición detalla que se da la circunstancia que «han votado en contra» el propio alcalde Sr. Santafosta que recibió 15.000 €, la Sra. Retamosa que firmó dicho anticipo mientras recibía otros 1.000 € y el Sr. Nieto que «meses después recibió otro anticipo de 6.000 € para pagar deudas municipales». Así, los tres implicados «cobran sueldo del erario público de San Antonio de Benagéber aunque parecen residir fuera del municipio», han detallado desde Guanyem.
El Consell de Transparencia «carga con dureza» contra el ayuntamiento por «su falta de respuesta» ante la instancia del propio Consell a pesar de que «no se aprecia que existan datos sensibles o protegidos por la legislación». Por eso tras «acentuar sólidamente» el derecho del Sr. Aguilar a dicha información, ya no solo como ciudadano, que tiene derecho, sino además como concejal, y al amparo también del artículo 23(.1) de la CE y por “el elenco de facultades que brinda la ley de Bases del Régimen Local” ha instado a que se facilite el expediente «en el plazo máximo de un mes».
Finalmente, Guanyem detalla que ante la negativa del gobierno municipal, «que lleva desde que se conoció el asunto ocultando el expediente, nos vemos obligados a seguir reclamando públicamente el expediente para que se conozca toda la verdad sobre este asunto». De hecho, continúan, el tema «lo hemos llevado ante la Fiscalía, a la que esperamos sí faciliten el expedientes y los informes negativos de la intervención».
