Por este motivo, la Fiscalía pide para él una pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de la medida de libertad vigilada por un periodo de cinco años tras el cumplimiento de esa hipotética condena.

Además de lo anterior, también pide su inhabilitación para el ejercicio de profesión que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de ocho años.