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Compromís, encabezado por su portavoz Pau Alabajos, puso la denuncia ante la Fiscalía y posteriormente la Audiencia Provincial de Valencia la remitió al juzgado de Torrent, el cual citó a declarar como investigado a Ros por un presunto delito de prevaricación omisiva.
El juzgado de instrucción número 2 de Torrent ha decidido archivar la causa contra el alcalde de Torrent, Jesús Ros, por una presunta prevaricación administrativa omisiva en la Ley de Gran Ciudad. Concretamente se ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones por no ser los citados hechos «constitutivos de delito».
El alcalde ha hecho público, durante la mañana de este martes, el auto del juzgado de Torrent. El escrito tiene como fecha el 19 de julio pero ha llegado al consistorio recientemente y tras esto, el edil se ha pronunciado afirmando que esta denuncia «parte de una falacia, ya que Pau Alabajos, es consciente que hemos tenido conversaciones de este asunto. Él quería hacer una lucha judicial y mediática».
Uno de los momentos de la rueda de prensa celebrada este martes.
Recordemos que el grupo municipal de Compromís, encabezado por su portavoz Pau Alabajos, fue el que puso la denuncia ante la Fiscalía y posteriormente la Audiencia Provincial de Valencia la remitió al juzgado de Torrent, el cual citó a declarar como investigado a Ros y abrió diligencias penales contra este por un presunto delito de prevaricación omisiva.
La coalición recogía en su denuncia que la Junta de Gobierno Local no había cumplido la Ley de Grandes Ciudades que tiene Torrent desde 2010. Esta pretende aportar mayor flexibilidad en la elaboración de presupuestos y un mayor poder para la Junta de Gobierno Local pero para ello se deben constituir una serie de órganos de control y participación (como el Consell Social de la Ciudad o la Oficina de Quejas y Sugerencias, entre otros).
Por este motivo, el edil ha explicado que su declaración del 8 de julio «fue muy clara y breve». Además ha detallado que el juzgado «ya no citó a nadie más a declarar», por lo que en la sentencia, prosigue Ros, «no se puede estimar que en la situación actual, tras la declaración de estado de alarma, sea delictiva la no creación efectiva de los órganos de gran municipio”.
En el auto que el Ayuntamiento de Torrent ha difundido a los medios se recoge la declaración del edil sobre el motivo de la falta de desarrollo de los órganos propios de este municipio que fue «la ausencia de disponibilidad presupuestaria». Por ello «no existen indicios de responsabilidad penal en la actuación denunciada. La falta de desarrollo de dichos órganos constituye legítimo objeto de debate político, pero no procede su traslación a la jurisdicción penal», aclara el escrito.
Asimismo, Ros ha hecho hincapié en que está «muy tranquilo» y que desde el primer momento «teníamos mucha confianza en los tribunales ya que nada de esto era verdad». Lo que ha ocurrido, prosigue el primer edil, es que se ha producido «un problema de obsesión personal y de incapacidad política».
