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Actualmente hay 10 cargos públicos a los que se les ha abierto expediente con diligencias previas: el ex fiscal jefe de Castelló, seis alcaldes ( y uno cuenta, a su vez, con responsabilidades en la Diputación de Alicante) ; otro diputado en la institución provincial y tres concejales de diferentes ayuntamientos.
Según la información publicada por el diario Levante-EMV, Ana Barceló, consellera de Sanitat, ha ordenado el cese de la directora de Salud Pública de Valencia por el caso del informe de vacunación del alcalde de Rafelbunyol.
Dicho documento firmado por Elvira Mensat, directora del departamento de Salud Pública de Valencia asegura que el alcalde de Rafelbunyol «jamás pidió que se le pusiera la vacuna» ya que fue el mismo personal sanitario allí presente el que se la ofreció tras sobrar viales de las dosis que ya estaban preparadas.
Esta funcionaria, responsable de salud pública en el departamento del Baix Maestrat, y elegida por Gimeno para el puesto que ahora ocupaba, se trata por tanto del primer cargo que cae tras la polémica de las vacunas administradas a cargos públicos y a personas que no les tocaba, saltándose así el protocolo de actuación.
Concretamente, según informó a prensa este martes la consellera de Sanidad, en total son 62 las personas a las que se investiga por recibir la vacuna antes de tiempo. Además, detalló que «puede haber personal de todo tipo, pero que no deberían haberse vacunado».
Asimismo, este listado era «mucho más amplio», según confirmó la consellera Ana Barceló, con 233 personas, pero desde Sanidad se comprobó que en las otras 171 sí que estaba justificada la inoculación de esta primera dosis.
Los grupos que más destacan son los 10 cargos públicos a los que se les ha abierto expediente con diligencias previas y a los que se investiga para determinar de quién fue la responsabilidad de que recibieran dicha inmunización pese a no ser parte del primer grupo de vacunación.
Cabe recordar que en este grupo se encuentra el ex fiscal jefe de Castelló, seis alcaldes, de los cuales uno cuenta, a su vez, con responsabilidades en la Diputación de Alicante; otro diputado en la institución provincial y tres concejales de diferentes ayuntamientos.
También se está investigando al personal sanitario de la conselleria por si alguno ha podido intervenir en la vacunación anticipada. Por ello, conforme informa Barcelo «se han abierto nueve expedientes informativos».
